Los bonos serán pilares de la campaña por la nueva CPE

El Movimiento Al Socialismo (MAS) utilizará como pilares de su campaña por la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), en el referéndum constituyente, el Bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad, mientras el Consejo Nacional Democrático (Conalde) y la fuerza política Podemos alistan una férrea oposición valiéndose de varias medidas como apelaciones y manifestaciones.

La propaganda para refrendar el proyecto constitucional, aprobado el 9 de diciembre de 2007 en la ciudad de Oruro, se intensificará tres meses antes de la consulta ciudadana para que la gente lo apruebe o lo rechace.

El diputado masista Gustavo Torrico explicó que los ejes fundamentales para promocionar el nuevo texto constitucional estarán enmarcados en la información sobre los derechos ciudadanos, donde figura la constitucionalización de los bonos aprobados en la gestión del presidente Evo Morales.

El Poder Ejecutivo aprobó el Bono Juancito Pinto de 200 bolivianos anuales para incentivar la permanencia escolar a los estudiantes de primero hasta octavo de primaria y la Renta Dignidad para los mayores de 60 años de 200 bolivianos cada mes.

Según Torrico, en los próximos meses intensificarán la promoción y divulgación de la nueva Constitución, aunque precisó que nunca dejaron de lado la difusión del proyecto constitucional después de que la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, entregara el documento al presidente Evo Morales, el 15 de diciembre.

El parlamentario masista fue uno de los que llevaron adelante la tarea para que la ciudadanía ratifique al presidente Evo Morales.

Los parlamentarios, alcaldes, concejales y todas las autoridades electas del MAS, incluyendo el Presidente y Vicepresidente, aportarán el 10 por ciento de su salario para la campaña.

El proyecto por el Sí a la nueva Carta Magna será similar al que se impulsó para el referéndum revocatorio de mandato popular del 10 de agosto, en el que el mandatario Evo Morales fue ratificado con el 67,77 por ciento de los votos.

Para la consulta revocatoria tanto el Gobierno como los prefectos opositores desarrollaron una guerra de anuncios televisivos y radiales.

Sin embargo, el Gobierno hizo énfasis en la gestión que cumplió con la entrega de obras y cheques con la cooperación venezolana. Lo que ahora hará el partido político oficialista será una comparación entre la actual Constitución y el nuevo proyecto que se está proponiendo.

El jefe de bancada en el Senado del MAS, Félix Rojas, anunció que la socialización estará dividida en dos partes: una que es la dogmática y la otra la orgánica. La primera está referida a derechos, libertades y garantías que ofrece la nueva Constitución.

En el nuevo texto se plantean 411 artículos, que según el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, pone énfasis en los derechos humanos fundamentales como la salud, educación, seguridad social, trabajo, vivienda y otros “beneficios”.

La segunda fase de la propaganda consistirá en explicar la organización del nuevo Estado con sus cuatro poderes: Ejecutivo, Legislativo (que se llamará Asamblea Plurinacional Legislativa), Judicial y Electoral.

“Los senadores y diputados serán elegidos del mismo modo que los diputados uninominales y no por planchas”, explicó la autoridad. Los miembros del Poder Judicial también serán escogidos por voto popular.

Oposición contra la consulta

Los dirigentes cívicos del Consejo Nacional Democrático (Conalde) anunciaron que buscarán por todos los medios que este proceso no se lleve a cabo. El opositor Poder Democrático y Social (Podemos) con similar posición advierte de que presentará denuncias ante organismos internacionales.

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Roberto Gutiérrez, dijo: “Haremos lo que tenemos que hacer para evitar que se nos imponga un padrón electoral viciado y que se nos imponga una Constitución que los bolivianos no queremos”. El jueves, el Gobierno convocó por decreto a referendos constitucional y dirimitorio, elección de prefectos revocados, subprefectos y consejeros.

Los comicios se efectuarán el domingo 7 de diciembre, de acuerdo con las normas que fueron promulgadas.

El dirigente sostuvo que se pueden producir más movilizaciones en las regiones que son parte del Conalde, y sugirió que antes de cualquier consulta se haga “una auditoría forense a la lista de sufragantes” como recomendó la Organización de Estados Americanos (OEA), después de concluir su trabajo de observación en el referéndum revocatorio del 10 de agosto.

El jefe de Gabinete de la Prefectura cruceña, Luis Alberto Alpire, declaró que no solamente las autoridades sino “toda la ciudadanía boliviana” hará campaña por el No a la nueva CPE. Además, los movimientos cívicos impedirán que se realicen los comicios en las regiones que forman parte de la “media luna” porque consideran que con este acto electoral se pretende “asfixiar” la aspiración autonómica de su población.

La Asamblea de la Benianidad, encabezada por el Comité Cívico de aquella región, definirá el martes medidas de resistencia contra la consulta del nuevo texto constitucional y analizará cómo encarar el proceso por el No, según confirmó el principal representante de la entidad cívica, Alberto Melgar.

Detalló que en el encuentro participarán los 10 municipios del departamento, consejeros, parlamentarios y todas las instituciones. La prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, anunció que recién se analizará la forma en que se opondrán a esa consulta.

Hace dos semanas, los miembros del Consejo Nacional Democrático (Conalde) determinaron impedir, en sus regiones, el referéndum revocatorio de mandato popular.

El vicepresidente del Comité Cívico de Pando, Ricardo Shimokawa, dijo que no serán parte de referéndum. “No vamos a participar en esa consulta, vamos a hacer todo para que desde el punto de vista legal no pueda el Gobierno incurrir en más ilegalidades como lo ha venido haciendo”.

Anunció que agotarán las vías legales, pero si el Ejecutivo sigue por el camino de la ilegalidad, “pues lamentablemente no nos va a quedar otra que entrar de forma radical”. En la misma línea, el jefe de bancada de Podemos en la Cámara Alta, Róger Pinto, aseveró que apelarán a la ley y presentarán demandas de ilegalidad contra la consulta, también recurrirán a instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).

Los opositores al Gobierno mantendrán la lucha contra una norma “manchada de sangre”, en referencia a los enfrentamientos en Sucre el 24 de noviembre de 2007 que dejaron un saldo de tres muertos y un centenar de heridos. La gente que se movilizó pedía el cierre del cónclave porque había excluido de su agenda de discusión la capitalidad.

De puerta a puerta

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de la ciudad de El Alto, Édgar Patana, anunció que harán una campaña de “puerta a puerta y de persona a persona” para garantizar el Sí.

El trabajo de socialización lo harán desde las bases en varias partes del país, donde los dirigentes y parlamentarios serán los encargados de organizarse en las poblaciones, provincias, cantones, ciudades, barrios y otros.

En la reunión del Consejo Nacional para el Cambio (Conalcam) del sábado en Cochabamba, el Primer Mandatario instruyó a todo el aparato del MAS a movilizarse permanentemente para garantizar la aprobación de la nueva Ley Fundamental del país.

El Conalcam se reunirá en Santa Cruz

El Consejo Nacional para el Cambio (Conalcam), integrado por organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), se reunirá, el miércoles 3 de septiembre, en un ampliado en la ciudad de Santa Cruz con el objetivo de definir las estrategias para la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE). La información fue proporcionada por el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) y presidente del Conalcam, Fidel Surco, quien declaró: “Estamos convocando a un ampliado nacional para el miércoles de la siguiente semana a fin de informar a todos los sectores sociales del país el decreto supremo y delinear el trabajo para la campaña que iniciaremos el 13 de septiembre”.

En ese encuentro se coordinará con los representantes de las organizaciones que conforman el Conalcam, de los nueve departamentos, la socialización del proyecto constitucional que se trabajará con base en las resoluciones del ampliado nacional de Santa Cruz. Surco, en conferencia de prensa, pidió a los comités cívicos y prefectos de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, agrupados en el Consejo Nacional Democrático (Conalde), no boicotear la consulta popular con violencia, y emplazó a expresar su desacuerdo con la nueva Carta Magna en las urnas.

El dirigente no descartó un cerco al Congreso Nacional y a las ciudades si se pretende llevar adelante un desacato civil, como anunciaron los dirigentes cívicos de la “media luna”. Los opositores activarán una ofensiva para impedir los comicios de diciembre. Las cortes electorales todavía no informaron si administrarán este proceso electoral. Surco expresó su esperanza en la aprobación de la nueva CPE para ejecutar cambios trascendentales en el país a favor de los sectores sociales.

Algunas diferencias entre la Constitución vigente y el proyecto

Algunos apuntes de la Constitución vigente.

Artículo 1.- I. Bolivia libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural constituida en República Unitaria adopta para su gobierno la forma democrática representativa y participativa, fundada en la unión y solidaridad de todos los bolivianos. II. Es un Estado Social Democrático de Derecho que sostiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, igualdad y justicia.

Artículo 2.- La soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible; su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La independencia y coordinación de estos poderes son la base del gobierno. Las funciones del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial, no pueden ser reunidas en el mismo órgano.

Artículo 3.- El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con la Iglesia Católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado Boliviano y la Santa Sede.

No se refiere al idioma.

Artículo 36.- Son bolivianos de origen: I. Los nacidos en el territorio de la República, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentran en Bolivia al servicio de su gobierno. II. Los nacidos en el extranjero de padre o madre bolivianos por el sólo hecho de avecindarse en el territorio nacional o de inscribirse en los consulados. Artículo 42.- Los derechos de los ciudadanos se suspenden: 1. por tomar armas y prestar servicios en ejército enemigo a tiempo de guerra. 2. por defraudación de caudales públicos o quiebre fraudulenta declarada, previa sentencia ejecutoriada y condenatoria o pena corporal.

Artículo 46.- I. El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional compuesto por dos Cámaras: una de Diputados y otra de Senadores. II.- El Congreso Nacional se reunirá cada año en la capital de la República, el día seis de agosto, aun cuando no hubiese convocatoria. Sus sesiones durarán noventa días útiles prorrogables hasta ciento veinte, a juicio del mismo Congreso o a petición del Poder Ejecutivo. Si a juicio de éste conveniese que el Congreso no se reúna en la capital de la República, podrá expedir la convocatoria señalando otro lugar.

No se menciona.

Artículo 4.- I El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum, establecidos por esta Constitución y normados por Ley. II Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya la soberanía del pueblo comete delito de sedición.

Algunos párrafos del proyecto de Constitución Política del Estado.

Artículo 1.- Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

Artículo 7.- La soberanía reside en el pueblo boliviano y se ejerce de forma directa; es inalienable, inembargable, indivisible, imprescriptible e indelegable, y de ella emanan las funciones y atribuciones del poder público.

Artículo 4.- El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión.

Artículo 5.- I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que son el aymara, araona, baure, básiro, canichana, cavineño, cayubaba, chócobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayo, itonama, leco, machajuyaikallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, more, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco.

Artículo 143.- Son ciudadanas bolivianas y ciudadanos bolivianos por nacimiento las personas nacidas en el territorio boliviano, con excepción de las hijas y los hijos de personal extranjero en misión diplomática; y las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano.

Artículo 146.- La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Representantes Departamentales, y es la Única con facultad de aprobar y sancionar leyes en el territorio boliviano.

Artículo 6.- I. Sucre es la capital de Bolivia. II. Los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde; el himno boliviano; el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y la flor del patujú.

Artículo 121. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la separación, coordinacióny cooperación de estos órganos. II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado.

Opinión

Carlos Cordero

Analista político

“Se desatará una campaña de contenido tratando de encontrar argumentos acerca de lo positivo y lo negativo de aspectos de la Constitución, pero también uno de los debates que van a ser muy intensos es sobre la legalidad en la aceptación de todos estos procesos.

En las próximas semanas, incluso buena parte de este proceso va a estar teñido por la resistencia de la ‘media luna’ a las decisiones gubernamentales y yo creo que las campañas y el debate van a estar conminados por esa pugna entre aceptar y no aceptar las decisiones del Poder Ejecutivo. Aparecerá el problema de las cortes departamentales electorales, si es que van a ejecutar esta decisión del Gobierno que seguramente será avalada por la Corte Nacional Electoral (CNE), pero las prefecturas ejercerán presión en sus cortes departamentales para que no ingresen en la competencia electoral.

Por otro lado, el tema económico es muy importante porque el Gobierno cuenta con recursos oficiales y estatales, en cambio la oposición política está dispersa y tampoco tiene los recursos económicos para encarar una campaña.

Por lo tanto, las ventajas de inicio están a favor del Estado y del Gobierno, sin embargo habrá que ver que en política no hay enemigo pequeño y a veces las campañas no costosas o los grupos pequeños suelen ser también eficientes en esto, de resistir políticamente o de marcar agenda. Lo que aparecerá son las acciones de resistencia que serán graduales y localizadas, las reacciones fuertes serán de la ‘media luna’”.