Carlos Mesa confirma que será candidato en diciembre de 2009

El ex presidente Carlos Mesa admitió ayer en Lima que tiene el propósito de postularse a la Jefatura de Estado en los comicios que tendrán lugar en diciembre del próximo año, según las agencias noticiosas internacionales.

Mesa expuso como condición que el texto propuesto para la nueva Constitución sea aprobado en el referéndum previsto para el domingo 25 de enero del próximo año, pues en caso de ser rechazado el proyecto, no habrá elecciones en la fecha prevista.

Mesa se encuentra de visita en la capital peruana para participar en una mesa de diálogo sobre el acontecer político en Latinoamérica, reunión en el que participará César Gaviria, ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ex presidente de Colombia.

El ex Mandatario boliviano espera terminar la formación de su propio partido político durante el primer trimestre de 2009, a fin de terciar en el mencionado acto electoral.

Análisis de coyuntura

A tiempo de formular este anuncio, Mesa se refirió acerca de la actual situación del país como de profunda polarización, caracterizada por el importante respaldo que recibe el Gobierno de Evo Morales, que paralelamente enfrenta una oposición “muy dura”.

Los periodistas le pidieron su opinión sobre el presidente venezolano Hugo Chávez, que colabora estrechamente a Evo Morales. “Creo en la alternancia del mando presidencial, es uno de los rasgos más notables de una democracia, por lo tanto sería preferible que el presidente Chávez diera opción, dentro de su propio partido, para que no se convierta en la única persona que pueda llevar adelante un proceso”.

En el poder

Después de haber sido elegido vicepresidente de la República por el Congreso Nacional en 2002, Carlos Mesa asumió el mando de la nación el 17 de octubre de 2003, inmediatamente después de producirse la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Durante su mandato renunció en tres ocasiones, hasta que entregó el mando el 9 de junio de 2005 a Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte Suprema de Justicia, dos días después de hacer un dramático llamado a Hormando Vaca Díez, titular del Senado, y Mario Cossío, de la Cámara Baja, a resignar su derecho a la sucesión constitucional, “porque estamos al borde de una guerra civil”.

Gobierno asegura que 4 hechos muestran posición política opositora del Cardenal

La Paz, 07 dic (ABI).- El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, aseguró que el Gobierno identificó cuatro hechos importantes con los que se demuestran la marcada posición política opositora asumida por el Cardenal Julio Terrazas.

"Los cuatro temas más importantes en el tema político de este año fueron el tema de tierras, autonomías, la nueva Constitución y la relación con Estados Unidos, y en los cuatro temas el Cardenal tiene una posición política, y lo respeto como persona, y respeto su posición, pero nosotros tenemos otra posición", aseveró Llorenti.

La autoridad recordó que el Cardenal Terrazas puso en cuestionamiento la existencia de esclavitud en haciendas del oriente boliviano, situación que fue comprobada cuando se pretendía proceder al saneamiento de tierras en el oriente boliviano.

Asimismo, participó del referendo por autonomías departamentales, las mismas que fueron calificadas por el Congreso Nacional y la Corte Nacional Electoral (CNE) como ilegales y separatistas, adelantando su voto para horas de la mañana y así convocar a la población a las urnas.

"Cuando se llega a un acuerdo con la oposición, con la parte que no es dura, él (el Cardenal) va a Roma y dice que esa Constitución no construirá una Bolivia para todos, asume una posición política opositora", explicó el Viceministro.

El cuarto tema político identificado por el Gobierno, tiene que ver con la relación diplomática entre Bolivia y Estados Unidos, que durante el 2008 se constituyó en tensa, terminando con la expulsión de la DEA del país, situación por la cual el Cardenal expresó que Bolivia se convertiría en el centro del narcotráfico.

Llorenti aclaró que la posición del Gobierno no es contra el conjunto de la Iglesia Católica, sino contra el pensamiento de una persona que predica en sus homilías una posición política.

"Durante estos episodios salieron otros sacerdotes de base que reclamaron la posición de la Iglesia, y lo que decimos no es contra la Iglesia, no es contra la fe, es contra algunos jerarcas de la Iglesia", dijo.

"La Iglesia tiene distintas posiciones, algunos representantes apoyaron regímenes dictatoriales, algunos miembros denunciaron y defendieron los derechos humanos", agregó.
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El costo probable de la nueva Constitución

Al margen de los beneficios que todos los bolivianos esperan de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), el proyecto de ese texto, por el que se votará en referéndum el 25 de enero, podría dejar, a la vez, un alto costo macroeconómico para el país.
El economista y sociólogo Roberto Laserna elaboró al respecto un ensayo, el cual forma parte de una publicación presentada por la Fundación Milenio, que él mismo preside. El texto, intitulado Aspectos Económicos del Proyecto de Nueva Constitución, consigna los estudios de siete economistas, un abogado, dos ingenieros, un comunicador y un politólogo.

Según una estimación conservadora que realiza Laserna, la reforma constitucional, en caso de ser aprobada, podría representar el costo equivalente al 4,5 por ciento de no crecimiento (o de caída) del Producto Interno Bruto (PIB). En términos monetarios, esto representaría un equivalente cercano a los 10 mil millones de dólares.

En este caso, a cada boliviano adulto le causaría una pérdida aproximada de 1.900 dólares, lo que implicaría, para cada familia, independientemente de su situación económica actual, un desfase promedio próximo a los 4.500 dólares, es decir, Bs 32.240.

“Por supuesto —dice el autor— las estimaciones anteriores son discutibles. Lo que no es discutible es la necesidad de considerar que la reforma constitucional, de aprobarse en el referéndum, tendrá costos y beneficios…”.

Para llegar a aquella conclusión, Laserna toma en cuenta la inestabilidad institucional, la que a su vez afecta a la inversión, que reduce la absorción de empleo, estanca la producción y el consumo, ocasiona el cierre de instituciones, despidos de personal y el pago de indemnizaciones, entre otras variables.

De acuerdo con la misma fuente, sólo el periodo de transición de una Constitución a otra —cuyo lapso sería de unos 10 años, según el presidente Evo Morales—, demandaría de un gasto de entre 2.200 millones y 3.022 millones de dólares.

Aparte, la falta de crecimiento podría traducirse en pérdidas en desarrollo humano, es decir, en mayores dificultades para reducir la pobreza, en bajar las tasas de mortalidad infantil y en mejorar la salud y la educación.