“Todavía tenemos hacia delante un escenario de incertidumbre, de inestabilidad y de ingobernabilidad, hasta que se resuelva esta disputa por el poder”, advierte el analista político Jorge Kafka.
Nueve meses y la tensión en el país no baja. El Gobierno impuso el jueves su determinación de aprobar a través de las urnas el proyecto de nueva Constitución Política del Estado (CPE). Los expertos avizoran mayor violencia, mientras que cívicos y prefectos del Consejo Nacional Democrático (Conalde) anticipan una resistencia civil cuyo fin es frenar, a toda costa, el deseo del Gobierno.
Para los analistas políticos, el conflictivo panorama político boliviano, de enero a agosto, no varió en lo más mínimo; es más, afirman que éste aumentó peligrosamente a raíz de las consultas, a favor de los estatutos autonómicos, en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija; además, del referendo revocatorio del 10 de agosto y la decisión inalterable del Gobierno de proseguir con su política de cambio.
Asimismo, afirman que la palabra “diálogo” es un término devaluado debido al mal uso político que recibió éste de los sectores en pugna y que al final sólo quedó en buenos deseos.
Argumentan, a su vez, que se emprendió el camino hacia la consolidación del proceso de cambio, iniciado el 22 de enero de 2006, con la llegada de Evo Morales Aima a la Presidencia de la República, con la aprobación del Decreto Supremo 29691 que da vía libre a la aprobación de la nueva CPE a través del voto ciudadano.
¿BOLIVIA AL BORDE DEL ABISMO?
De acuerdo con el analista político, Carlos Cordero, el país no está al borde del abismo, pero se acerca peligrosamente a ese destino.
Según Cordero, el país vive un momento sumamente difícil, una especie de prolongación de la crisis política de hace meses.
De acuerdo el analista, aún persiste en el país dos tipos de agendas que no logran cohesionarse como debiera, debido a una lectura ideológica dispersa y parcial de cada sector, algo que imposibilita de alguna forma arribar a un entendimiento que permita solucionar los problemas de manera inmediata.
“El Gobierno no quiere discutir los temas de fondo de la Constitución y las regiones quieren discutir temas puntuales del proyecto de Constitución”, señala.
Jorge Kafka, también analista, advierte que la decisión del Gobierno responde a mantener la iniciativa política, desde la perspectiva gubernamental y aprovechar la legitimidad obtenida en el referendo del 10 de agosto, de esa manera avanzar sobre las “trincheras” de la ‘media luna’ y arrinconarlas en un escenario en el cual la única alternativa que tienen es la resistencia contra los referendos del 7 de diciembre.
“Se han roto los puentes de diálogo y negociación y esta decisión del Gobierno obliga a los departamentos de la ‘media luna’ y las élites políticas departamentales a enfrentarse a estas definiciones gubernamentales, y obviamente, hacia delante habrá que ver qué mecanismos utilizan justamente para tratar de detener los referendos” argumenta.
¿REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA?
Las políticas de cambio del actual Gobierno son parte de la revolución democrática impulsada por el presidente Morales que consiste en una serie de transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales.
Para los analistas, la aprobación del referendo del 7 de diciembre obedece a ésta serie de transformaciones que el Ejecutivo busca acelerar a cualquier costo social.
En este sentido, Kafka sostiene que revolución y democracia son dos criterios antagónicos ya que una revolución implica la destrucción del anterior esquema institucional.
“En esa medida, una revolución que quiera cambiar las estructuras de poder tiene que derrumbar el aparato institucional anterior y en esta medida son contradictorias en cuanto la democracia se sostiene precisamente en actos y acuerdos institucionales, en esa medida estamos en un proceso en el que estamos siempre al borde de romper los marcos democráticos”, advirtió.
Bajo este contexto político, Kafka lanza una frase que suena a vaticinio: “Todavía tenemos hacia delante un escenario de incertidumbre, de inestabilidad y de ingobernabilidad, hasta que se resuelva esta disputa por el poder”.
De acuerdo al constitucionalista Benjamín Miguel Harb, la convocatoria a referéndum aprobatorio del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE), y Dirimitorio, no procede por ser ilegal, siendo el Congreso Nacional la única instancia que tiene esta atribución.
“El Artículo 232 de la CPE prevé que una vez que la Constituyente apruebe el proyecto de Constitución, debe pasar al honorable Congreso Nacional para que éste, por dos tercios de los miembros presentes, pueda aprobar o rechazar el proyecto”, sostuvo.
Dicho artículo constitucional señala que: “la Reforma total de la Constitución Política del Estado es potestad privativa de la Asamblea Constituyente, que será convocada por Ley Especial de Convocatoria, la misma que señalará las formas y modalidades de elección de los constituyentes, será sancionada por dos tercios de voto de los miembros presentes del Honorable Congreso Nacional y no podrá ser vetada por el Presidente de la República”.
Manifestó que sólo en caso que el Congreso sancione su aprobación, puede ser remitido al Presidente para que promulgue su convocatoria.
Para los analistas políticos, el conflictivo panorama político boliviano, de enero a agosto, no varió en lo más mínimo; es más, afirman que éste aumentó peligrosamente a raíz de las consultas, a favor de los estatutos autonómicos, en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija; además, del referendo revocatorio del 10 de agosto y la decisión inalterable del Gobierno de proseguir con su política de cambio.
Asimismo, afirman que la palabra “diálogo” es un término devaluado debido al mal uso político que recibió éste de los sectores en pugna y que al final sólo quedó en buenos deseos.
Argumentan, a su vez, que se emprendió el camino hacia la consolidación del proceso de cambio, iniciado el 22 de enero de 2006, con la llegada de Evo Morales Aima a la Presidencia de la República, con la aprobación del Decreto Supremo 29691 que da vía libre a la aprobación de la nueva CPE a través del voto ciudadano.
¿BOLIVIA AL BORDE DEL ABISMO?
De acuerdo con el analista político, Carlos Cordero, el país no está al borde del abismo, pero se acerca peligrosamente a ese destino.
Según Cordero, el país vive un momento sumamente difícil, una especie de prolongación de la crisis política de hace meses.
De acuerdo el analista, aún persiste en el país dos tipos de agendas que no logran cohesionarse como debiera, debido a una lectura ideológica dispersa y parcial de cada sector, algo que imposibilita de alguna forma arribar a un entendimiento que permita solucionar los problemas de manera inmediata.
“El Gobierno no quiere discutir los temas de fondo de la Constitución y las regiones quieren discutir temas puntuales del proyecto de Constitución”, señala.
Jorge Kafka, también analista, advierte que la decisión del Gobierno responde a mantener la iniciativa política, desde la perspectiva gubernamental y aprovechar la legitimidad obtenida en el referendo del 10 de agosto, de esa manera avanzar sobre las “trincheras” de la ‘media luna’ y arrinconarlas en un escenario en el cual la única alternativa que tienen es la resistencia contra los referendos del 7 de diciembre.
“Se han roto los puentes de diálogo y negociación y esta decisión del Gobierno obliga a los departamentos de la ‘media luna’ y las élites políticas departamentales a enfrentarse a estas definiciones gubernamentales, y obviamente, hacia delante habrá que ver qué mecanismos utilizan justamente para tratar de detener los referendos” argumenta.
¿REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA?
Las políticas de cambio del actual Gobierno son parte de la revolución democrática impulsada por el presidente Morales que consiste en una serie de transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales.
Para los analistas, la aprobación del referendo del 7 de diciembre obedece a ésta serie de transformaciones que el Ejecutivo busca acelerar a cualquier costo social.
En este sentido, Kafka sostiene que revolución y democracia son dos criterios antagónicos ya que una revolución implica la destrucción del anterior esquema institucional.
“En esa medida, una revolución que quiera cambiar las estructuras de poder tiene que derrumbar el aparato institucional anterior y en esta medida son contradictorias en cuanto la democracia se sostiene precisamente en actos y acuerdos institucionales, en esa medida estamos en un proceso en el que estamos siempre al borde de romper los marcos democráticos”, advirtió.
Bajo este contexto político, Kafka lanza una frase que suena a vaticinio: “Todavía tenemos hacia delante un escenario de incertidumbre, de inestabilidad y de ingobernabilidad, hasta que se resuelva esta disputa por el poder”.
De acuerdo al constitucionalista Benjamín Miguel Harb, la convocatoria a referéndum aprobatorio del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE), y Dirimitorio, no procede por ser ilegal, siendo el Congreso Nacional la única instancia que tiene esta atribución.
“El Artículo 232 de la CPE prevé que una vez que la Constituyente apruebe el proyecto de Constitución, debe pasar al honorable Congreso Nacional para que éste, por dos tercios de los miembros presentes, pueda aprobar o rechazar el proyecto”, sostuvo.
Dicho artículo constitucional señala que: “la Reforma total de la Constitución Política del Estado es potestad privativa de la Asamblea Constituyente, que será convocada por Ley Especial de Convocatoria, la misma que señalará las formas y modalidades de elección de los constituyentes, será sancionada por dos tercios de voto de los miembros presentes del Honorable Congreso Nacional y no podrá ser vetada por el Presidente de la República”.
Manifestó que sólo en caso que el Congreso sancione su aprobación, puede ser remitido al Presidente para que promulgue su convocatoria.