La oposición se reunión con el vicepresidente del país, aunque el acercamiento no logró normalizar la situación en el departamento de Santa Cruz.
por Reuters
Líderes de la región piden el fin de los bloqueos en Bolivia-La Paz. El Gobierno de Bolivia y la oposición reanudaron por la noche del lunes conversaciones para acordar un marco de diálogo, a fin de dar salida a una violenta crisis política que dejó un tendal de muertos y millonarias pérdidas por ataques, además de bloqueos contra la infraestructura energética.
El considerado encuentro final entre el vicepresidente Alvaro García y el prefecto del distrito sureño de Tarija, Mario Cossío, representante de los líderes de tierras bajas que desafían al Gobierno, se instaló antes de conocerse las conclusiones de una cumbre sudamericana en Santiago que trataba la crisis boliviana.
Fuentes gubernamentales dijeron que seguía en pie el plan de que el presidente Evo Morales participe en la fase final de la negociación de un acuerdo que, según anuncios de ambas partes, quedó casi terminado en dos encuentros previos.
El acercamiento no produjo una inmediata normalización de las actividades en Santa Cruz y otros tres departamentos convulsionados por protestas antigubernamentales ni impidió que el fiscal general abriera un proceso penal contra un prefecto regional opositor acusado por una matanza de campesinos.
Las violentas protestas desatadas hace tres semanas hundieron a parte del país -que cuenta con cuantiosas reservas de gas- en un caos con bloqueos de rutas que dejaron a varias ciudades cerca del desabastecimiento, saqueos a comercios, quema de oficinas públicas y choques entre oficialistas y opositores.
Gran parte de esos bloqueos liderados por el Comité Cívico de Santa Cruz fueron levantados el domingo, pero persistían otros iniciados por grupos partidarios al Gobierno, amenazando con afectar a la feria comercial internacional cruceña que comenzaría el venidero fin de semana.
Sindicatos campesinos dijeron que mantendrán sus bloqueos, que llaman "cerco a Santa Cruz," en demanda de que el prefecto y los dirigentes cívicos de ese distrito devuelvan las instalaciones del Gobierno nacional que mantienen tomadas, y en gran parte saqueadas, desde hace una semana.
Las protestas opositoras buscan frenar el plan del Gobierno de poner en vigencia una Constitución indigenista-socialista que consolidará la nacionalización de la economía, prohibirá latifundios, casi todos en Santa Cruz, y dará más poder a los indígenas.
El mandatario indígena, un estrecho aliado del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha acusado a sus opositores de buscar derrocarlo, en alianza con el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, quien salió el domingo expulsado del país.
Prefecto procesado. En una decisión aplaudida por el Gobierno, el fiscal general, Mario Uribe, dijo el lunes que ha abierto un proceso contra el prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, por genocidio y otros delitos.
El opositor Fernández ha sido señalado por el Gobierno como responsable principal de una matanza de unos 25 campesinos oficialistas ocurrida la semana pasada, en el incidente más sangriento de las protestas.
"El fiscal general ha anunciado la apertura del proceso, que comienza con una investigación formal, tanto de oficio como a raíz de una acusación hecha por un ciudadano contra el prefecto Leopoldo Fernández y otros, por genocidio y otros delitos," dijo la portavoz de la fiscalía.
Desafiante, Fernández rechazó la acusación y denunció que la intervención militar en Pando, tras un estado de sitio decretado el viernes, sólo buscaría tapar responsabilidades del Gobierno.
"Aquí vamos a estar para resistir este estado de sitio (...). Yo le quiero decir a Morales que ya basta de mentiras al pueblo, que investiguen realmente lo que pasó y que no nos echen la culpa de una masacre," dijo en una entrevista ("Ya basta de mentiras al pueblo")
Fernández habló mientras las autoridades militares que desde el fin de semana controlan la vigencia de un estadio de sitio en Pando anunciaban la detención de 11 sospechosos de participación en la matanza de campesinos, a quienes dijeron haber incautado varias armas de fuego y municiones.
Por la noche, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, dijo que esas 11 personas eran trasladadas al departamento de La Paz en calidad de confinados y para ser procesados.
La polarización se profundizó en Bolivia tras un referendo revocatorio celebrado en agosto, en el que Morales obtuvo una abultada mayoría pero del que también salieron fortalecidos cuatro de seis gobernadores opositores.
Bolivia es el principal proveedor de gas natural a Brasil y a Argentina. Sus vitales exportaciones del fluido se vieron afectadas brevemente el jueves por ataques a una estación de bombeo y un gasoducto.
15 sept 2008
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