La Paz, 14 sep (ABI).- El Poder Ejecutivo gestiona el ingreso en las próximas horas a las zonas rurales de Pando de una comisión, nacional e internacional de asistencia humanitaria a las víctimas de la masacre de Porvenir, donde fueron asesinados por sicarios y paramilitares más de 15 campesinos.
Esta comisión está integrada por el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) a través de su filial, la Cruz Roja Boliviana, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y la Conferencia Episcopal Boliviana.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, organiza esta misión humanitaria que fortalecerá el trabajo del Gobierno que extrema esfuerzos para brindar asistencia a los heridos y familias de las víctimas de la masacre.
"La comisión saldrá lo antes posible y por ello estamos en conversación con los representantes de las instituciones a fin de garantizar su presencia una vez hayan las condiciones", apuntó.
La Cruz Roja Internacional a través de la filial en Bolivia, la APDHB y el Defensor del Pueblo aguardan que el Gobierno les permita ingresar a los lugares de la masacre a fin de evaluar la violación de derechos humanos y brindar asistencia humanitaria.
El presidente de la Cruz Roja Boliviana, Abel Peña y Lillo, dijo que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional están preocupados de que grupos armados en Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija estén violando los derechos humanos de las personas y las normas internacionales muchas de evitar que los detenidos y heridos reciban atención médica.
Para ingresar a las zonas de conflicto interno, sobre todo, a Cobija, dijo que se vienen superando algunos inconvenientes como el transporte de la comisión.
"El propósito del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Boliviana es revertir todas las vulneraciones a derechos humanos y derecho internacional humanitario", puntualizó Peña y Lillo.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dijo que "si bien existen muertos víctimas de una injusta e irracional violencia, lo correcto es que todas las instituciones humanitarias actúen en asistir a los heridos y si son casos urgentes evacuar a otras ciudades", apuntó.
Aclaró que la acción humanitaria no tiene nada que ver con el problema político.
Dea/Rq ABI
14 sept 2008
Ejecutivo gestiona ingreso a Cobija de misión humanitaria internacional
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Conflicto Social