La violencia en Bolivia fortaleció el proyecto del MAS

La Paz, 18 Sep (Erbol).- La aceptación implícita del proyecto de nueva Constitución Política del Estado del Movimiento Al Socialismo (MAS) es una de las consecuencias, favorable para el gobierno de Evo Morales, de la reciente ola de violencia que se desató en el país y que ingresó en una tregua luego de la firma de un preacuerdo entre las partes enfrentadas, según destaca Terra Magazine de Argentina.

Los analistas Carlos Cordero y Carlos Alarcón, por separado, coinciden en que el inicio del diálogo tiene como base el reconocimiento a la propuesta de nueva carta magna entregada por la Asamblea Constituyente, en diciembre de 2007, en medio de denuncias de irregularidades en el procedimiento de aprobación.

Para Cordero, politólogo e investigador, "el resultado de toda esta crisis es que el gobierno ha salido beneficiado", porque los grupos más radicales al proyecto constitucional han terminado por aceptarlo. El tema de fondo, dice, es que el proyecto político del MAS era la reforma del Estado "y eso se hace a través de un nuevo texto constitucional".

Con el preacuerdo entre el gobierno y los prefectos (máximas autoridades departamentales) opositores, suscrito la noche del 16 de septiembre, "el país que se oponía ha terminado por aceptar que hay un nuevo proyecto y es el del MAS, no de otro". Esa aceptación ha significado también el convencimiento de que sólo se harán ajustes al texto, aunque éstos pueden ser importantes.

Por su parte, Alarcón, especialista en Derecho Público, Constitucional, Administrativo y Penal, recuerda que ante la insistencia sostenida de los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija de llevar a punto cero el proyecto, el consejo fue desistan de "posiciones maximalistas que no eran adecuadas" y que, por el contrario, accedan a realizar ajustes al texto constitucional y a los estatutos autonómicos que se aprobaron en sus regiones.

Finalmente eso ocurrió, enfatiza Alarcón. "Con el preacuerdo los prefectos han reconocido el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) del MAS", aunque también el presidente de la República, Evo Morales, ha manifestado, en varias oportunidades, su intención de compatibilizar "su proyecto con los estatutos. Falta saber qué entiende por compatibilizar".
Las bases del diálogo

La jornada del 16 fue incierta y se tornó tensa con la detención del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por parte de efectivos militares para confinarlo por desacato al estado de sitio decretado por el gobierno en el departamento, luego de los graves enfrentamientos en la localidad de Porvenir entre autonomistas y campesinos que causaron la muerte de 15 personas, casi todos afines al MAS, según informes gubernamentales. Alarcón y Cordero consideran que esa fue una medida política, más que un acto de justicia.

Casi simultáneamente, el prefecto de Tarija, Mario Cossío, y el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, terminaban de redactar un documento base para iniciar el diálogo, luego de cuatro días de intensas negociaciones. Un día antes los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) le dieron su respaldo al mandatario boliviano.

Entrada la noche, Cossío, que se trasladó de La Paz a Tarija, anunció que los prefectos aceptaban el preacuerdo que, entre sus puntos fundamentales, menciona el reconocimiento del gobierno al derecho que tienen los departamentos a percibir el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Esta demanda fue la punta de lanza de la resistencia regional, ya que el gobierno destinó una parte al pago de la Renta Dignidad, bono que sustituyó al Bonosol. No obstante, el preacuerdo también destaca que debe garantizarse este beneficio para las personas mayores de 60 años.

Los otros dos puntos tienen que ver con la transformación del Estado, a través de la nueva CPE, autonomías departamentales y estatutos autonómicos, y los asuntos institucionales como las designaciones congresales de los cargos vacantes y la revisión del Padrón Electoral, el Programa de Carnetización y el Registro Civil que fueron observados por una serie de irregularidades que se produjeron durante el referéndum revocatorio de 10 de agosto.

Estos temas se discutirán en tres mesas de trabajo y en una mesa central se aprobarán los acuerdos. El diálogo estará acompañado por facilitadores y garantes, entre los cuales figuran Unasur, que ya designó a su representante ¿el ex embajador de Chile en Argentina, Juan Gabriel Valdés¿; las iglesias católica, evangélica y metodista, y organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas.

El diálogo tiene como objetivo lograr "el restablecimiento de la paz social en el marco del estado de derecho", lo que implica la desocupación de las oficinas públicas e instalaciones petroleras tomadas por grupos de cívicos opositores y el levantamiento de todos los bloqueos de caminos que se prolongaron prácticamente por un mes en diferentes puntos del país.

Lo anterior supuso también que el gobierno postergue por un mes la convocatoria a referéndum constitucional, previsto para el 7 de diciembre, y que se comprometa a suspender su campaña mediática de difusión del proyecto de la nueva carta magna y de desprestigio en contra de "autoridades y actores cívicos y sociales. La promulgación del decreto supremo Nº 29691 del 28 de agosto, que llamaba a la consulta, fue lo que desató la violencia.

Otro punto importante del documento es la decisión de esclarecer los hechos ocurridos en Pando a través de "organismo nacionales e internacionales imparciales y una comisión congresal que se desplazará de inmediato al lugar de los hechos". El gobierno se comprometió también a "no impulsar acciones judiciales que tengan connotación política contra dirigentes cívicos, sociales y autoridades de los departamentos movilizados".
Crear las condiciones

Los dos analistas consultados por Terra Magazine coinciden también en que la calidad de las reuniones y de los avances, y la actitud de las partes enfrentadas pueden derivar en un verdadero pacto nacional que vaya más allá de la satisfacción de intereses personales y regionales, sino que considere a la sociedad en su conjunto.

Entonces, dicen, se deben crear las condiciones para un diálogo auténtico, sincero y transparente. Sin embargo, las amenazas entre las partes no contribuyen a generar ese ambiente. Para Alarcón las reacciones de los sectores afines al oficialismo y a la oposición no son espontáneas, por lo cual bastaría una orden del Presidente o de los prefectos para que los grupos dejen de crear presión.

Lo más probable es que el diálogo sea lento y difícil, porque se trata de encontrar un punto de equilibrio entre dos visiones de país totalmente contrapuestas, indica Cordero. Todo dependerá de cuánto estén dispuestas a ceder las partes, sobre todo porque gran parte del acuerdo se construirá sobre la base del texto constitucional del MAS.

"El punto de equilibrio va a ser aceptar en un 80 o 70 por ciento el proyecto de Constitución del MAS, la visión de país del MAS, y el 20 por ciento va a ser una incorporación de la "media luna" a ese proyecto constitucional. En la aceptación de ese proyecto están implícitos todos los otros temas: IDH, nombramientos, investigaciones para esclarecer los hechos de Pando", explica el analista.

Por su parte, Alarcón considera que al preacuerdo le faltó un tema clave, y es que el gobierno y las prefecturas debían garantizar que "las instituciones de naturaleza política respondan al conjunto de la sociedad y no a los sectores enfrentados" La justicia y las cortes electorales, por ejemplo, "se han visto contaminadas con la lucha facciosa y sectorial", y es fundamental el respeto institucional, porque de lo contrario "no tendremos un verdadero estado de derecho en Bolivia".