ONU: Violencia en Bolivia pone en riesgo a pueblos indígenas

Ginebra, 18 Sep (Erbol).- El Relator Especial Sobre la Situación de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, condenó este jueves la reciente ola de violencia en los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, y anunció que estas acciones ponen en peligro a los pueblos indígenas y a las instituciones que apoyan a este sector.

El Relator Especial expresó que estos “ataques se producen en el contexto de una política sistemática de autoridades de los departamentos mencionados contra los esfuerzos del Gobierno de Bolivia por garantizar los derechos indígenas”.

“Condeno los actos de violencia contra grupos indígenas y campesinos, así como las amenazas graves a sus representantes y denuncio particularmente los asesinatos del 11 de septiembre de 2008 en Porvenir, Departamento de Pando, que consistió en una emboscada de paramilitares contra miembros de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP) y estudiantes de la Normal de Maestros de Filadelfia, la mayoría indígenas”, indicó Anaya en un pronunciamiento.

Señaló que esta serie de agresiones contra los indígenas y campesinos contempla también la toma y destrucción de sedes e instalaciones de organizaciones indígenas y campesinos, incluyendo las de la Confederación del Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), el Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).

El Relator Especial hizo un llamado a los agresores a que se suspendan la violencia y exhortó a las autoridades del Estado a adoptar todas las medidas necesarias, de acuerdo con los principios internaciones de derechos humanos, para proteger los derechos y las libertades fundamentales de los grupos indígenas y campesinos afectados.

Asimismo, instó al Estado a investigar seriamente las violaciones a los derechos humanos y llevar a la justicia a los responsables, así como a asegurar la no repetición de hechos similares.