De inmortales

Existe una creencia extendida de que a la oposición le cuesta asumir la llegada y consolidación del poder indígena; que quienes tradicionalmente habían detentado el poder político y económico no logran entender ni ver cómo una clase social, anteriormente excluida y estrechamente ligada a una —discutible— mayoría racial indígena, lleva hoy las riendas del Estado boliviano con su enfoque comunitario. Una oposición criticada de caciquista y miope ciertamente por más de una razón. Para otros, sin embargo, la discusión sobre el liderazgo democrático, los derechos humanos y el diseño del Estado no pueden ocultarse detrás del discurso populista sobre una supuesta identidad racial preexistente, ni que por causa de un sobredimensionado victimismo, se justifiquen las transgresiones democráticas o se las pretendan legitimar.

El sospechoso mal manejo de las empresas administradas por el Estado, la violación de las garantías constitucionales, las amenazas de militarización y los flagrantes casos de privación de libertad políticamente respaldada que exponen a diario los medios privados de comunicación —relegados por el Gobierno—, muestran de forma patente el secuestro que sufre la legitimidad por el Gobierno que, a título de justicia social, parece seguir estando dispuesto a violar cualquier norma, incluidas las alegres que ha impuesto en su Constitución aun a pesar de que sus resultados se revelen cada día más escabrosos.

Todo indica que las instituciones de equilibrio y control de poder, las técnicas y de fiscalización especializadas así como los derechos y presupuestos que las inspiran, aun cuando se piensen demasiado occidentales, no son cuestión de moda u orientación ideológica sino consustanciales a la racionalidad democrática. Cientos de postulados se establecen en una Constitución y miles de decisiones se toman al día en un gobierno, bastantes como para que cinco o siete referendos al año sean insuficientes para discernir y controlar; todavía peor si se diseñan para nublar la oposición e hinchar de poder a sus titulares con argumentos románticos de participación y justicia social.

No es menos cierto que los gobiernos del pasado inmediato, primogénitos y mimados de aquella nueva etapa democrática, cometieron despropósitos políticos (e.g. mantener un Estado de privilegios a título del liberal) y crudas reformas económicas con duros resultados debido a una —casi fundamentalista— dependencia de los organismos internacionales, y que sumados al miedo fantasmagórico de la dictadura antecesora, fueron difíciles e inevitables de tragar. Pero al replicar estas disfunciones con particulares gestos autocráticos y populistas el Gobierno no se hace un favor. Un gobierno dominado por otros dos de la región, con privilegios fundados en supuestos históricos y étnicos —y con corrupción encubierta entre sus representantes— quizá haya sido la voluntad de los votos remunerados con cheques extranjeros, pero no son las instituciones adecuadas para desincentivar los vicios de sus agentes, ni activar sus virtudes ni el desarrollo.

Ya sabemos que para los comunitaristas la identidad étnica es un bien social que otorga sentido existencial a su pueblo y lo liga ética y moralmente en un compromiso no escrito de identidad reforzado con el control social, pero (ahora) también sabemos que tales presupuestos se aplican a pequeños y homogéneos contextos sociales, y que detrás de cualquier identidad étnica pueden esconderse personas incompetentes que busquen mediante el abuso de poder beneficios individualizados; de este último supuesto parten las instituciones liberales, lo que importa conseguirlas y saber hacerlas cumplir… sin obsesionarse por reinventar la rueda o creer en inmortales.

*William Kushner
es especialista en Opinión Pública.