La primera prueba

Cuando el Presidente de la República promulgó la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009 en El Alto, ha puesto en vigencia un paraguas jurídico en el que siempre hay que mantenerse abajo y un reloj cuyos plazos, establecidos, se tienen que respetar.

La primera prueba la constituye la Ley Transitoria del Régimen Electoral que luego de aprobarse en Diputados, está ya en Senadores, y que el Congreso Nacional debe sancionar hasta el 8 de abril de acuerdo a la disposición transitoria primera de la CPE.

El análisis del proyecto muestra violaciones a la Carta Magna, haciendo referencia a conveniencia a ciertos artículos, pero omitiendo otros para disponer una acción inconstitucional. Es el caso de la convocatoria a referéndum para las autonomías regionales donde se menciona los parágrafos I y III del artículo 280, pero obvia el parágrafo II que establece que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecerá términos y procedimientos para la conformación ordenada y planificada de las regiones, y olvida que los Estatutos Departamentales contemplan la autonomía provincial, lo que este tema es sólo cuestión de semántica y competencias.

También se pretende meter a la apurada los referendos autonómicos en los departamentos que el 2 de julio de 2006 votaron por el No, e implementar el voto boliviano en el exterior, sólo porque lo cree favorable al oficialismo, cuando hay otras tareas prioritarias por realizar, como el depurar el padrón electoral. Apurarse es poner el carro delante del caballo y olvidar que las leyes son para ordenar el país y no para caotizarlo.

Otro punto inaceptable del proyecto es el inciso VI del artículo 31, que establece que los candidatos a las circunscripciones especiales serán propuestos sólo por organizaciones de cada pueblo indígena acreditado por CIDOB, Conamaq y la CSUTCB, en otra palabras por el MAS, lo que constituye una violación del artículo 26 de la CPE. ¿Y el respeto a los usos y costumbres?

La ley establece el cronograma, que en el marco de la CPE, tiene una segunda vuelta electoral si ninguno de los candidatos gana con más del 50% o tiene 40%, pero supera con 10% al segundo. Esta ocurriría el 6 de febrero de 2010, para lo cual habría que postergar la posesión del Presidente de la República programada para el 22 de enero. Esto implica el alargue de la sesiones preparatorias de la Asamblea Legislativa Plurinacional que comenzarían el 6 de enero de 2010. Hasta acá tenemos ajustes menores consecuencia de la segunda vuelta electoral, que es un instrumento democrático saludable.

Pero la violación más grave de la CPE sería la disposición final primera del proyecto de Ley Electoral donde establece que el mandato del nuevo gobierno será computado desde el 6 de agosto de 2010, lo que implica una prórroga inconstitucional de siete meses, violando su artículo 156. Por supuesto que la ley asume que el MAS va a ganar, pero, ¿porque cedieron un año cuando la oposición sostenía que el Gobierno cumpla su mandato hasta enero del 2010, y el referéndum revocatorio decía que si ganaba éste debía de cumplir el periodo para el cual fue electo? La respuesta es simple. El MAS estaba apurado para llevar adelante su campaña cuanto antes porque sabe que su caudal de votos se erosiona cada día por la corrupción y la falta de gestión.

Esta Ley Electoral será la primera a sancionar bajo el paraguas de la nueva CPE y respetarla es una prueba de fuego para el marco institucional de Bolivia.

*Carlos D’Arlach
es senador de la República por Tarija.