El gran cambio prometido está comenzando aunque todavía sus contornos son difusos. Sus críticos afirman que se confunden conceptos y se generan expectativas por encima de lo posible.
• DILEMA • El desafío es construir un país incluyente y diverso de la pluralidad de hombres y mujeres que pueblan este territorio.
En 1994, precisamente el año en que se promulgó la Ley de Participación Popular (LPP), un libro escrito por David Osborne y Ted Gaebler (La reinvención del gobierno) señalaba que había un consenso en hacia dónde tenía que ir el gobierno, pero no en cuanto a cómo se tenía que llegar a ese destino.
Los autores marcaron época con su texto, pues fueron los primeros en afirmar mediante una serie de ejemplos que el gobierno participativo se estaba reinventando, en Estados Unidos, desde los municipios.
En Bolivia, hoy se acepta que la LPP es el hito histórico que marcó, en 1994, el paso de un Estado centralista hacia uno descentralizado y autónomo, proceso que todavía se está gestando.
Sin embargo, no sucede lo mismo respecto del nuevo modelo de gobierno del MAS y su implementación a partir de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), y sus leyes complementarias (ver recuadro).
Para los críticos, se está procediendo a un desmantelamiento del Estado democrático sin que se sepa bien a dónde se quiere llegar. Todo ello en un año marcado por los procesos electorales.
Para el analista Fernando Aramayo, el actual escenario se parece mucho al que siguió en 1994 a la promulgación de la Ley de Participación Popular.
Al igual que el gobierno de Sánchez de Lozada de entonces, la presente gestión del MAS está buscando dotar de “contenidos técnicos a un proceso que por su naturaleza —de distribución o mayor concentración del poder— se definió desde una perspectiva política”, argumenta Aramayo.
La municipalista y ex parlamentaria Erika Brockmann cree que el MAS está confundiendo conceptos y errando en los mecanismos al pensar que sumar quiere decir cualificar.
Para los municipios, la definición concreta de la nueva gestión pública es fundamental para entender cuál el marco de actuación que tendrán dentro del nuevo Estado plurinacional, que ha empezado a tomar forma con la nueva CPE y que ya se anuncia a partir de la socialización del anteproyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Al respecto, en un anterior número de Ventana Ciudadana vimos cómo la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) se mostraba alerta respecto de si en el futuro la autonomía plena que se buscó consolidar en el texto constitucional tendrá su correlato en las próximas leyes marco.
Es el caso, por ejemplo, de las leyes de la Gestión Pública, es decir, las normas que cambiarán cómo se maneja el Estado, según el Gobierno, de una lógica colonizadora y centralista hacia una participativa y colectivista.
En estas leyes, se reformarán las condiciones en las cuales los municipios actúan, por ejemplo, en temas como la inversión municipal o la gestión de sus límites territoriales, por no hablar más que de dos asuntos ediles.
En la opinión de uno de los ideólogos del actual proceso de cambio, ex constituyente y actual director general de Normas de Gestión Pública, Raúl Prada A., la propuesta del MAS no sólo es política sino que tiene una lógica coherente: pasar de un Estado republicano colonial y liberal a uno descolonizado e indígena.
En todo caso, lo que se puede prever es que la nueva gestión pública tendrá un largo camino por recorrer, no sólo porque no es fácil desmontar y rearmar un Estado que ya tiene casi 190 años de existencia, sino porque a partir de la Ley de Participación Popular, Bolivia no es una entidad homogénea, sino un conglomerado de muchos actores públicos y privados, individuales y colectivos.
LEYES por APROBAR
AUTONOMÍAS • Busca regular la organización territorial del Estado y el régimen de autonomías y descentralización establecido en la parte tercera de la CPE.
GESTIÓN PÚBLICA • Tendrá que dar forma concreta a lo que el Gobierno ha calificado como “descolonización” de la actual administración pública para dar paso a un modelo participativo.
ORGÁNICAS • Una para el Ejecutivo y otra para el Legislativo. Normarán la composición y funcionamiento “plurinacional” de ambos poderes.
TRIBUNAL • Esperada hace mucho. Uno de los actuales vacíos de esta gestión es la ausencia de control constitucional.
LíMITES • Deberá ordenar el territorio y su gestión entre las muchas nuevas entidades territoriales autónomas.
Cambios en el Estado boliviano
Historiadores y analistas concluyen en que el Estado boliviano se ha ido construyendo a lo largo de varios momentos.
Las reformas borbónicas.- A fines del siglo XVIII, los reyes Borbones españoles centralizarán el Estado, con una organización especializada, la cual reemplazó el Consejo de Indias por el ministerio Colonial, dividido por áreas y dependiente del monarca. Éste gestará instituciones y fronteras que habrán de perdurar luego de la Independencia de España en 1825, como el Virreinato del Río de la Plata y la Real Audiencia de Charcas.
El Mariscal Santa Cruz.- Considerado por muchos como el verdadero constructor del Estado boliviano (1828 - 1839), ya que no solamente estableció el marco jurídico, institucional y económico del naciente Estado republicano, sino que lo llevó a la práctica.
La República liberal.- Iniciada por José Manuel Pando a comienzos del siglo XX, con una serie de gobiernos liberales, que insuflaron a Bolivia una mentalidad modernizadora y positivista. Época de una gran modernización económica, institucional y política, liderada desde La Paz
La Revolución de 1952.- Un período progresista de capitalismo de Estado y ampliación de la ciudadanía democrática al conjunto de habitantes. Intento modernizador de construcción de una nación, entendida como comunidad de sentido, que sin embargo, quedó trunca por las limitaciones del proceso.
El neoliberalismo.- Inaugurado en 1985 con el D.S. 21060, marca la época del achicamiento del Estado y la preeminencia de la empresa privada.
En Bolivia, hoy se acepta que la LPP es el hito histórico que marcó, en 1994, el paso de un Estado centralista hacia uno descentralizado y autónomo, proceso que todavía se está gestando.
Sin embargo, no sucede lo mismo respecto del nuevo modelo de gobierno del MAS y su implementación a partir de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), y sus leyes complementarias (ver recuadro).
Para los críticos, se está procediendo a un desmantelamiento del Estado democrático sin que se sepa bien a dónde se quiere llegar. Todo ello en un año marcado por los procesos electorales.
Para el analista Fernando Aramayo, el actual escenario se parece mucho al que siguió en 1994 a la promulgación de la Ley de Participación Popular.
Al igual que el gobierno de Sánchez de Lozada de entonces, la presente gestión del MAS está buscando dotar de “contenidos técnicos a un proceso que por su naturaleza —de distribución o mayor concentración del poder— se definió desde una perspectiva política”, argumenta Aramayo.
La municipalista y ex parlamentaria Erika Brockmann cree que el MAS está confundiendo conceptos y errando en los mecanismos al pensar que sumar quiere decir cualificar.
Para los municipios, la definición concreta de la nueva gestión pública es fundamental para entender cuál el marco de actuación que tendrán dentro del nuevo Estado plurinacional, que ha empezado a tomar forma con la nueva CPE y que ya se anuncia a partir de la socialización del anteproyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Al respecto, en un anterior número de Ventana Ciudadana vimos cómo la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) se mostraba alerta respecto de si en el futuro la autonomía plena que se buscó consolidar en el texto constitucional tendrá su correlato en las próximas leyes marco.
Es el caso, por ejemplo, de las leyes de la Gestión Pública, es decir, las normas que cambiarán cómo se maneja el Estado, según el Gobierno, de una lógica colonizadora y centralista hacia una participativa y colectivista.
En estas leyes, se reformarán las condiciones en las cuales los municipios actúan, por ejemplo, en temas como la inversión municipal o la gestión de sus límites territoriales, por no hablar más que de dos asuntos ediles.
En la opinión de uno de los ideólogos del actual proceso de cambio, ex constituyente y actual director general de Normas de Gestión Pública, Raúl Prada A., la propuesta del MAS no sólo es política sino que tiene una lógica coherente: pasar de un Estado republicano colonial y liberal a uno descolonizado e indígena.
En todo caso, lo que se puede prever es que la nueva gestión pública tendrá un largo camino por recorrer, no sólo porque no es fácil desmontar y rearmar un Estado que ya tiene casi 190 años de existencia, sino porque a partir de la Ley de Participación Popular, Bolivia no es una entidad homogénea, sino un conglomerado de muchos actores públicos y privados, individuales y colectivos.
LEYES por APROBAR
AUTONOMÍAS • Busca regular la organización territorial del Estado y el régimen de autonomías y descentralización establecido en la parte tercera de la CPE.
GESTIÓN PÚBLICA • Tendrá que dar forma concreta a lo que el Gobierno ha calificado como “descolonización” de la actual administración pública para dar paso a un modelo participativo.
ORGÁNICAS • Una para el Ejecutivo y otra para el Legislativo. Normarán la composición y funcionamiento “plurinacional” de ambos poderes.
TRIBUNAL • Esperada hace mucho. Uno de los actuales vacíos de esta gestión es la ausencia de control constitucional.
LíMITES • Deberá ordenar el territorio y su gestión entre las muchas nuevas entidades territoriales autónomas.
Cambios en el Estado boliviano
Historiadores y analistas concluyen en que el Estado boliviano se ha ido construyendo a lo largo de varios momentos.
Las reformas borbónicas.- A fines del siglo XVIII, los reyes Borbones españoles centralizarán el Estado, con una organización especializada, la cual reemplazó el Consejo de Indias por el ministerio Colonial, dividido por áreas y dependiente del monarca. Éste gestará instituciones y fronteras que habrán de perdurar luego de la Independencia de España en 1825, como el Virreinato del Río de la Plata y la Real Audiencia de Charcas.
El Mariscal Santa Cruz.- Considerado por muchos como el verdadero constructor del Estado boliviano (1828 - 1839), ya que no solamente estableció el marco jurídico, institucional y económico del naciente Estado republicano, sino que lo llevó a la práctica.
La República liberal.- Iniciada por José Manuel Pando a comienzos del siglo XX, con una serie de gobiernos liberales, que insuflaron a Bolivia una mentalidad modernizadora y positivista. Época de una gran modernización económica, institucional y política, liderada desde La Paz
La Revolución de 1952.- Un período progresista de capitalismo de Estado y ampliación de la ciudadanía democrática al conjunto de habitantes. Intento modernizador de construcción de una nación, entendida como comunidad de sentido, que sin embargo, quedó trunca por las limitaciones del proceso.
El neoliberalismo.- Inaugurado en 1985 con el D.S. 21060, marca la época del achicamiento del Estado y la preeminencia de la empresa privada.