La verdad traicionada

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y la Sociedad Civil, Sacha Llorenti, acaba de publicar el libro La democracia traicionada 1982-2005, en el que hace un recuento histórico que no comienza en 1982, sino en 1964 y que no habla sólo de periodos democráticos, sino también de periodos dictatoriales, contradiciendo el título de la obra.

Más allá de la inadmisible categorización genérica del capítulo denominado “Impunidad de los crímenes de lesa humanidad,” muy suelto de cuerpo el autor incluye en ese capítulo, el subtítulo: Carlos Mesa: La violencia después de octubre, en el que mezcla episodios en los que el gobierno de Mesa no tuvo nada que ver (el episodio de Eustaquio Picachuri y dos heroicos policías que intentaron evitarla, por ejemplo), con otros en los que nuestra gestión fue víctima de diversos actos de violencia y terrorismo que costaron la vida a cinco compatriotas, entre conscriptos, policías y militares en labores de erradicación.

Menciona sesgada e incorrectamente el episodio de San Carlos en el Beni, producto de una acción de paramilitares de extrema derecha que cobraron la vida de un militar y dos campesinos. Remata con una acusación en la que nuestro gobierno no tuvo ninguna responsabilidad, la muerte del minero Carlos Coro cerca de Sucre.

Los más indignante es que alguien que presidió el máximo organismo de defensa de los Derechos Humanos, tenga el impudor de pasar por alto episodios de sangre producidos en el gobierno de Evo Morales que hasta la fecha no han sido esclarecidos judicialmente y le exigen un mínimo de moral para —al menos— guardar prudente silencio.

Entre el 22 de enero del 2006 hasta la fecha se produjeron en este gobierno, como resultado de conflictos sociales y políticos, ¡50 muertes! Me referiré a aquellas que se produjeron en un contexto de uso de la fuerza pública por parte del Estado:

1) 9-06-06. Falleció en Oruro un miembro del Movimiento Sin Techo que ocupaba terrenos públicos.

2) 29-09-06. Murieron en el Chapare dos productores de coca.

3) 17-04-07. Falleció en Villamontes un manifestante de un grupo que buscaba tomar las instalaciones petroleras.

4) 28-09-07. Murió un normalista en Arani.

5) 26-11-07. Fallecieron tres personas en La Calancha (Sucre).

6) 8-08-08. Dos mineros mueren en Caihuasi.

7) 12-09-08. Falleció un civil en el aeropuerto de Cobija.

8) 16-04-09. Fallecieron tres personas acusadas de terrorismo por el Gobierno en un confuso episodio aún sin esclarecer imparcialmente.

He citado los casos que se han dado en un contexto de acción directa de fuerzas gubernamentales, para no debatir sobre acciones luctuosas, por ejemplo, en torno a hechos como el terrible 11 de enero del 2007 en Cochabamba.

Con estos antecedentes, bien haría el señor Llorenti en no darnos clases de derechos humanos, constituciones, definiciones jurídicas y menos acusaciones tan desaprensivas, cuando su gobierno tiene este historial, que —es bueno decirlo— no eximen un ápice de reproche a los sectores irracionales de oposición que utilizaron vías de hecho y violencia para reaccionar contra el Gobierno entre el 2006 y el 2009.

Si de algo nos sentimos tranquilos de conciencia quienes integramos el gobierno de Mesa, es la convicción de haber defendido la vida como derecho sagrado y los derechos humanos, en condiciones mucho más difíciles —provocadas la mayoría por fines políticos de radicales de uno y otro lado— que las que tuvo enfrente cualquier gobierno democrático.

Carlos Alarcón Mondonio
fue viceministro de Justicia del gobierno de Carlos Mesa.