El precio de amedrentar a la prensa

Es mejor no pensar que el Gobierno tiene la intención de acallar a los medios de comunicación, porque eso sería un flagrante ataque a la libertad de expresión, parte esencial de la democracia. Pero, en todo caso, si no se pretende silenciar u obstruir la labor de la prensa, existe un evidente e inequívoco propósito de amedrentamiento. Está muy claro que los denominados “movimientos sociales” tienen como consigna impedir que los medios informen libremente, y se están produciendo resultados verdaderamente tristes y censurables.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) ha advertido que los ataques verbales del presidente de la República, Evo Morales, contra los medios de comunicación son inadmisibles porque están creando un ambiente negativo contra los periodistas y que, al denigrarlos como portavoces de la “derecha conservadora”, los exponen a los atropellos y abusos observados en los últimos meses.

Esta política de la gestión de Morales es secundada en las calles por los seguidores del MAS, que están agrupados, entre otros, en el Comité Cívico Popular.

Pero, los periodistas no sólo se encuentran permanentemente amenazados por los movimientos sociales, sino también por la actitud —a veces tanto o más beligerante— de los grupos de choque de la oposición en el país, como el conocido como la Unión Juvenil Cruceñista.

Especialmente en Santa Cruz, pero también en otros departamentos, los periodistas que realizan la cobertura de los conflictos sociales se ven obligados a cumplir con su labor atemorizados por las continuas agresiones a miembros de su gremio.

Al parecer, estos ataques buscan el amordazamiento de los medios, lo que en las sociedades civilizadas y democráticas resulta un error imperdonable.

Que en los tumultos donde los periodistas arriesgan su integridad física ocurra una desgracia fortuita, provocada por la oposición o el oficialismo, está dentro de los márgenes de riesgo de la profesión. Pero, si hay grupos alentados por uno u otro bando que identifican a la prensa como enemiga, esto debe ser denunciado a nivel internacional.

El Gobierno, mínimamente, debe dar garantías para el trabajo de la prensa en Bolivia.