Evo descalifica a la Corte, pero la oposición elogia la decisión

El presidente Evo Morales afirmó que los miembros de la CNE cedieron a la presión de la derecha.

Los movimientos sociales piden la renuncia de los vocales y anunciaron el inicio de movilizaciones.

La decisión de la Corte Nacional Electoral (CNE) de frenar los referendos dirimidor y aprobatorio de la nueva Constitución y las elecciones de dos prefectos, de subprefectos y de consejeros departamentales generó polémica. El Gobierno descalificó a la CNE y la oposición aplaudió la determinación del órgano electoral.

El presidente Evo Morales, citado por la agencia estatal ABI, desde Teherán (Irán) declaró que los vocales del organismo electoral “cedieron a la presión de la derecha y asumieron una posición política sin ninguna base legal”.

Morales lamentó que las cortes se hayan puesto “en contrarruta del pueblo boliviano”. “Es una decisión que tomaron subordinándose a la derecha neoliberal, porque el cuestionar y hacer una auditoría sobre el Padrón Electoral es una medida a pedido de la derecha, de los prefectos que obedecen a intereses de grupos y no del pueblo boliviano”.

Según la agencia ABI, el presidente de la CNE, José Luis Exeni, dijo que no tiene por qué arrepentirse. “Estoy plenamente seguro de mis decisiones y mis convicciones. Está vigente la resolución de marzo pasado. Ahí están los argumentos jurídicos; tiene que haber una ley del Congreso que convoque a referéndum (…) no tengo por qué renunciar”.

La decisión de la CNE fue respaldada por el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, quien demandó la suspensión de esas consultas para evitar más violencia en el país.

El jefe nacional de Podemos, Jorge Quiroga, afirmó que la decisión de Exeni es “coherente”. “Nosotros dijimos que el decreto del Presidente es ilegal”.

El presidente del Senado, Óscar Ortiz, indicó que “la Corte no puede trabajar en función de decretos sino de leyes, creo que en los hechos debiéramos buscar una pausa en los procesos”.

Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, respaldó la decisión del organismo electoral que hizo prevalecer lo que dictan las normas bolivianas. “El Gobierno tiene que aceptar la realidad aunque no le guste”.

Sin embargo, los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Defensa Legal, Héctor Arce, afirmaron que la decisión de la CNE carece de fundamento legal y que la institución está obligada a cumplir el Decreto Supremo 29691 de convocatoria a referéndum dirimidor y aprobatorio de la nueva Constitución y a elecciones de prefectos para La Paz y Cochabamba, subprefectos y consejeros departamentales.

Arce dijo: “Queremos decir de manera más franca, abierta y categórica que esta carta enviada por la Corte Nacional Electoral carece de fundamento legal, de efectividad jurídica, no tiene ningún efecto vinculante. Mediante una nota o una comunicación no se puede ni sugerir, ni pretender ni mucho menos suspender la realización de actos electorales que han sido convocados legal y constitucionalmente”.

La autoridad gubernamental explicó que no se requiere de la aprobación de ninguna norma especial en el Congreso como demandó la Corte, porque la convocatoria para la consulta del domingo 7 de diciembre está respaldada por las leyes 3826 y 3827 del 29 de febrero de 2008, que disponen que el referéndum dirimidor de la tierra y constituyente se realicen de manera simultánea el 4 de mayo, pero ese acto electoral tuvo que suspenderse porque la Corte se negó a organizar el evento porque no se cumplía el plazo mínimo de 90 días que señala el Código Electoral para la preparar los comicios.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por su parte, aseguró que “es inevitable” cerrar el trabajo que hizo la Asamblea Constituyente desde agosto de 2006 hasta diciembre de 2007, cuando fue aprobado en detalle el proyecto de Constitución Política del Estado en la ciudad de Oruro el 9 de diciembre de 2007.

Con la aprobación de la nueva Carta Magna, tildada por la “media luna” de oficialista, el Gobierno intentaba consolidar el “proceso de cambio”, según afirmó el vicepresidente Álvaro García Linera.

La autoridad anunció el lunes que, una vez refrendado el proyecto constitucional, se convocará a elecciones generales para elegir al Presidente, Vicepresidente y legisladores.

Ayer en la ciudad de Oruro, García Linera afirmó que el Gobierno hará una defensa legal del referéndum y prometió que el 7 de diciembre se aprobará el proyecto de Carta Magna.

Movilización

En tanto, los movimientos sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) demandaron la renuncia del presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, y los vocales por frenar los comicios. El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia, Fidel Surco, acusó a Exeni de “traición” a las organizaciones que en un encuentro de la llamada Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) “autorizaron” al Presidente a convocar a referéndum mediante decreto. Surco afirmó: “Vamos a pedir su inmediata renuncia, no sólo de él, sino de todos los vocales”.

Auditoría

La Corte Nacional Electoral (CNE) acudirá a los organismos internacionales para financiar la auditoría al padrón que se realizará entre este mes y diciembre.

Mediante la Resolución 49/2008 que el lunes emitió la entidad electoral, convocó a este proceso en el que participarán la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y otras de similar naturaleza que deseen cooperar con la Corte.

Después del Referéndum Revocatorio de Mandato Popular del 10 de agosto, la OEA y el Consejo de Expertos Latinoamericanos (Ceela) recomendaron que se haga una revisión de la nómina de electores.

El ente rector de los comicios en el país aún no tiene el monto que se gastará para auditar el registro de sufragantes, esta información la tendrá a mediados de este mes. De todas maneras se está buscando en financiamiento hace ya varios meses.

El vicepresidente de la Corte Nacional, Jerónimo Pinheiro, sugirió que la auditoría al Padrón Electoral debería ser realizada por las cortes departamentales y no por organismos internacionales.

Pinheiro justificó que la lista de sufragantes sea revisada por las departamentales porque son las entidades que mejor conocen el sistema que se habilita para los comicios. Va más allá y también sugiere que la revisión no sólo debe ser del padrón, también de los registros civiles y de Identificación. También cuestionó la contratación del Ceela que procedió con una verificación al padrón en la que se gastaron cerca de 45.000 dólares y “sin resultados”.

Las opiniones

“La decisión de la Corte Nacional Electoral llega en un momento en que el país esperaba certidumbre. Ya se había anticipado que la decisión del Gobierno de convocar por decreto estaba fuera del marco constitucional. Para llamar a referéndum constitucional se requiere de leyes aprobadas en el Congreso Nacional”

Bernardo Wáyar

Colegio de Abogados

“La Corte Nacional Electoral está ajustada y enmarcada en el Estado de derecho, claramente ha identificado cuáles son los impedimentos legales que si no se corrigen no viabilizan ni el referéndum dirimitorio y aprobatorio de la Constitución, ni la elección de prefectos, consejeros y subprefectos, tampoco los comicios en Chuquisaca y Tarija”.

Carlos Alarcón

Abogado constitucionalista

“Éste es un proceso de rompimiento, de resquebrajamiento institucional , donde este tipo de decisiones de la Corte Electoral tiene un peso muy relativo respecto al carácter político. Son maniobras políticas mediante las cuales se pretende aplicar reformas al país”

José Mirtenbaum

Sociólogo

La polémica por la decisión de la Corte

La Corte Nacional decidió frenar los referendos y elecciones del 7 de diciembre.

Argumentó que para administrar los comicios requiere de una Ley Especial y más tiempo.

El presidente Evo Morales, desde Irán, acusó a los vocales de ceder a la presión de la derecha.

El ministro Héctor Arce dice que la decisión de la Corte carece de fundamento legal.

La oposición, sin embargo, apoyó la decisión de los vocales del organismo electoral.

Podemos señala que la CNE hizo respetar la legalidad al frenar los comicios de diciembre.

El Defensor del Pueblo también respaldó la decisión de los vocales de la entidad electoral.

José Luis Exeni se defiende. Dice que no está arrepentido y que no renunciará a su cargo.

El Poder Ejecutivo anunció que no acudirá al Congreso para aprobar una ley especial.

Las autoridades harán una defensa legal para que se lleve a cabo el referéndum el 7 de diciembre.

Los movimientos sociales afines al MAS piden la renuncia de José Luis Exeni.

El dirigente de los colonizadores acusó a Exeni de traicionar a los movimientos sociales.

El Conalcam, integrado por sectores sociales afines al MAS, se reúne hoy en Santa Cruz.

Los sectores amenazaron con cercar las cortes que se nieguen a administrar los comicios.

Los comicios están programados para el domingo 7 de diciembre en todo el país.